Violencia Intrafamiliar y Vulneración de Derechos de NNA

La violencia intrafamiliar comprende situaciones ocurridas dentro del grupo familiar o de pareja que pueden afectar la integridad física, psicológica, económica o la seguridad de las personas. Cuando el conflicto se vincula a dinámicas de control, subordinación o afectación diferenciada por razones de género, puede requerir una estrategia con enfoque en violencia de género.

Representamos a personas que necesitan denunciar, presentar antecedentes y solicitar medidas destinadas a resguardar su integridad, seguridad y estabilidad familiar.

Asimismo, ejercemos la defensa técnica de personas denunciadas, revisando los hechos imputados, el contexto familiar, las pruebas acompañadas y los efectos que la denuncia puede generar en cuidado personal, relación directa y regular, alimentos o divorcio.

Las medidas de protección resguardan los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando existen antecedentes que pueden afectar su bienestar, cuidado, integridad, desarrollo, salud, educación o estabilidad emocional.

Estas causas no siempre se originan en hechos de violencia. También pueden surgir por negligencia, dificultades en el cuidado, inasistencia escolar, conflictos graves entre adultos, problemas de salud mental, consumo problemático o falta de redes de apoyo.

Representamos a madres, padres, cuidadores y adultos responsables, ya sea solicitando la intervención del tribunal, compareciendo como parte interesada o ejerciendo defensa. Revisamos informes escolares, médicos, psicológicos y sociales, y asesoramos en el cumplimiento de planes de intervención.

El tribunal puede decretar medidas destinadas a resguardar la seguridad, integridad y estabilidad de las personas involucradas mientras se tramita el procedimiento.

Estas pueden incluir prohibición de acercamiento, abandono del hogar común, prohibición de contacto, rondas policiales, entrega de efectos personales, regulación provisoria de la relación directa y regular, suspensión temporal del régimen comunicacional, derivación a programas de intervención y evaluaciones psicosociales.

También representamos a personas que necesitan oponerse a medidas cautelares, solicitar su revisión o pedir que se decreten medidas menos gravosas cuando los antecedentes no justifican la intensidad de la restricción.

Una vez decretada una medida, comienza una etapa distinta: verificar su cumplimiento, revisar su vigencia y actuar frente a incumplimientos o cambios en las circunstancias.

Representamos en solicitudes de cumplimiento, presentaciones por incumplimiento e incidentes asociados a restricciones vigentes. También asesoramos en situaciones que pueden derivar en desacato, especialmente cuando se incumplen prohibiciones de acercamiento u órdenes de alejamiento.

Intervenimos cuando corresponde solicitar la modificación, ampliación, sustitución, suspensión, alzamiento o cese de una medida ya decretada.

Algunos conflictos familiares no se agotan en el Tribunal de Familia. Los mismos hechos pueden dar lugar a una investigación penal ante el Ministerio Público, especialmente cuando existen denuncias por amenazas, lesiones o desacato.

Asesoramos en la coordinación entre la causa de familia y la causa penal, revisando las medidas decretadas, las audiencias pendientes, las declaraciones y los efectos que una sede produce en la otra.

Nuestro objetivo es ordenar el conflicto judicial completo, evitar contradicciones entre procedimientos y construir una estrategia coherente.