Las dudas que más nos llegan

Entre 30 y 90 días en promedio, cuando se acompañan todos los antecedentes exigidos y el tribunal puede acceder de plano a la demanda sin audiencia.

Es la vía más directa, pero no la única. Si no se extendió oportunamente, la separación puede acreditarse con certificados de residencia, declaraciones de testigos o demandas anteriores de familia.

Sí. Tramitamos divorcios de mutuo acuerdo en modalidad remota para chilenos en el extranjero, mediante mandato judicial o firma electrónica simple.

No. Si el matrimonio fue en sociedad conyugal, la comunidad de bienes subsiste hasta que se liquide. Conviene resolverlo en paralelo al divorcio.

Si se desconoce el domicilio del otro cónyuge, el tribunal puede autorizar la notificación por aviso en el Diario Oficial u otros medios legales para garantizar que el proceso avance.

Depende de la carga del tribunal y de la prueba disponible, pero en general se resuelve entre cuatro y ocho meses desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva.

Sí. Si durante el matrimonio uno de los cónyuges se dedicó principalmente al hogar o al cuidado de los hijos y tras el divorcio queda en desventaja económica, puede demandar compensación económica dentro del mismo juicio.

El divorcio por cese de convivencia se concede si se acredita el plazo legal. Lo que sí puede discutirse —y es donde se juega lo patrimonial— es la compensación económica y las materias de familia asociadas.

Sí. La pensión de alimentos es una de las materias de mediación previa obligatoria. Sólo si no hay acuerdo en mediación se puede presentar la demanda ante el Tribunal de Familia.

El tribunal pondera las necesidades del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Por eso es determinante acreditar con documentos tanto los gastos reales del menor como los ingresos efectivos de quien debe pagar.

Sí. Además de los hijos, la ley reconoce el derecho de alimentos entre cónyuges, y también respecto de ascendientes en los casos que la ley señala.

Un cambio de circunstancias: el alza real de los gastos del hijo o hija (colegio, salud, transporte, actividades) y/o la mejora en la situación económica del alimentante. Todo debe acreditarse con documentos.

No hay un plazo fijo. Lo relevante es que exista un cambio de circunstancias posterior a la resolución vigente que justifique revisar el monto.

No. La pensión vigente se mantiene exigible hasta que exista una nueva resolución. Dejar de pagar genera deuda y expone a medidas de apremio, aunque la demanda de rebaja esté en curso.

Finiquito, liquidaciones de sueldo, certificados médicos, certificados de nacimiento de nuevos hijos, resoluciones previsionales y todo antecedente que muestre la variación real de ingresos o cargas.

Es un registro público en el que se inscribe a quienes adeudan tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas. Estar inscrito limita trámites bancarios, la renovación de licencia de conducir, la obtención de pasaporte y diversas gestiones comerciales.

Sí. El tribunal puede ordenar la retención directa por el empleador, que es una de las vías más eficaces para asegurar el pago mensual.

La ley contempla el uso de fondos previsionales como vía de pago de deudas de alimentos, previa resolución judicial que lo ordene.

No. La ley no establece una preferencia automática por el padre o la madre: el criterio rector es el interés superior del niño, niña o adolescente, evaluado con los antecedentes concretos de cada caso.

Sí. Terceros que ejercen de hecho el cuidado o que tienen razones fundadas pueden solicitarlo, acreditando que su entorno es el más adecuado para el desarrollo del menor.

Sí. El cuidado personal es materia de mediación previa obligatoria; sólo si no hay acuerdo se acude al Tribunal de Familia.

Sí. La ley reconoce el derecho del niño a mantener una relación con otros parientes significativos, y los abuelos pueden solicitar que se regule ese contacto.

El régimen fijado por resolución judicial es exigible: puede solicitarse su cumplimiento y, en casos de incumplimiento reiterado, aplicarse apremios.

Sí. El régimen puede incluir contacto telefónico y por videollamada, especialmente cuando existe distancia geográfica entre los progenitores.

Un cambio relevante de circunstancias: la edad y rutina del niño, un cambio de domicilio, nuevos horarios laborales o escolares, incumplimientos reiterados o hechos que afecten el bienestar del menor.

Puede denunciarse en Carabineros, en la PDI, en Fiscalía o directamente ante el Juzgado de Familia. Nosotras gestionamos la denuncia y solicitamos de inmediato las medidas cautelares que correspondan.

Las medidas cautelares pueden decretarse con urgencia, incluso el mismo día, cuando existe riesgo para la integridad de la víctima o de los niños.

Es fundamental contar con defensa desde el primer momento: preparar la declaración, reunir prueba del contexto real y comparecer a las audiencias. Sin defensa, las medidas se decretan sólo con la versión de la contraparte.

El tribunal puede ordenarla, y la negativa injustificada a someterse a ella constituye una presunción en contra de quien se niega.

Sí. Las acciones de impugnación tienen plazos legales que dependen de quién las ejerce y de las circunstancias del caso. Por eso conviene consultar apenas surge la duda.

Sí. Establecida la filiación, el hijo adquiere todos los derechos que la ley reconoce respecto de ese padre, incluidos alimentos y derechos hereditarios.

Debe solicitarse dentro del juicio de divorcio o nulidad. Si el juicio termina sin haberla demandado, el derecho se pierde.

El tribunal considera la duración del matrimonio, la situación patrimonial de cada cónyuge, la edad y estado de salud, la situación previsional y las posibilidades de acceso al mercado laboral de quien la solicita.

Sí. La ley permite modalidades de pago como cuotas reajustables, entrega de bienes o constitución de derechos de usufructo, uso o habitación.

No. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal, pero la comunidad de bienes subsiste hasta que se practique la liquidación.

Sí, cuando hay acuerdo entre las partes. Si no lo hay, la partición se resuelve ante un árbitro partidor.

Sí, aunque el estándar de análisis del tribunal es más exigente: debe acreditarse que el traslado favorece el interés superior del niño y prever cómo se mantendrá el vínculo con el progenitor que permanece en Chile.

El tribunal puede autorizar formas especiales de notificación para que el procedimiento avance igualmente.

Sí. La Ley N° 21.400 de Matrimonio Igualitario está vigente desde marzo de 2022 y reconoce plenamente los derechos de las parejas del mismo sexo y de las familias diversas.

Sí. Existen vías jurídicas para el reconocimiento legal de ambos progenitores; la ruta concreta depende de la situación de cada familia y conviene revisarla caso a caso.

Sí, y en el caso de adolescentes trans de 14 a 18 años cuyo grupo familiar no puede costear un abogado particular, lo hacemos de forma gratuita a través de nuestro programa pro bono.

La intestada, que se tramita ante el Registro Civil, suele demorar alrededor de tres meses. La testada, que se tramita ante un Juzgado Civil, puede tomar seis meses o más según la complejidad de la sucesión.

Los tribunales civiles chilenos son competentes respecto de los bienes situados en Chile. Hemos tramitado con éxito sucesiones de personas fallecidas fuera del país con patrimonio en territorio nacional.

No. Sin la inscripción correspondiente los herederos no pueden disponer del inmueble; el Conservador de Bienes Raíces rechazará la inscripción.

Con un estudio de títulos: se revisa la inscripción vigente en el Conservador, la cadena de dominio de los últimos diez años, gravámenes, prohibiciones y la correspondencia entre la escritura y la realidad física del inmueble.

Actuar de inmediato. Según el caso corresponde un juicio precario, una acción reivindicatoria o una querella por usurpación. Cuanto antes se inicie, menor es el riesgo de consolidación de la posesión del ocupante.

Sí, mediante una tercería de dominio o de posesión, acreditando que el bien embargado te pertenece o que tienes la posesión sobre él.

La inscripción vigente, la cadena de dominio de al menos diez años, hipotecas, gravámenes y prohibiciones, deudas de contribuciones, situación municipal del inmueble y la correspondencia entre la escritura y la realidad física.

Antes de firmar la promesa y antes de entregar cualquier dinero. Detectar un vicio después de comprometerse encarece o hace inviable la operación.

Depende del caso. La Ley N° 21.120 contempla una vía administrativa ante el Registro Civil para personas mayores de edad y una vía judicial ante el Tribunal de Familia para adolescentes de 14 a 18 años.

Sí. Contamos con un programa pro bono de rectificación de nombre y sexo registral para adolescentes trans de 14 a 18 años cuyo grupo familiar no cuenta con recursos para un abogado particular.

Depende del número de socios, de cómo se quiera administrar la sociedad y de la flexibilidad que se necesite para incorporar nuevos socios o transferir participaciones. Lo revisamos antes de constituir, no después.

En la gran mayoría de los casos no. Con un poder otorgado ante el consulado chileno de tu país de residencia podemos representarte en todo el procedimiento.

Sí. Tramitamos divorcios de mutuo acuerdo en modalidad remota mediante mandato judicial o firma electrónica simple.

Sí. Presentar querella te convierte en interviniente del proceso, lo que permite proponer diligencias, acceder a la carpeta investigativa y ejercer derechos que la sola condición de denunciante no otorga.

Sí. La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la penal, lo que permite perseguir no sólo la sanción del responsable sino también la reparación económica del daño.

No. En materia de delitos sexuales representamos exclusivamente a víctimas.

Es una salida alternativa que permite suspender la causa por un plazo, sujeta a condiciones. Si se cumplen, el procedimiento se extingue sin condena ni antecedentes penales.

En determinados casos sí, mediante la eliminación de anotaciones prontuariales. Revisamos tu extracto de filiación y evaluamos la vía aplicable.

Desde la primera citación. Lo que se declare —o lo que no se declare— en esa etapa condiciona toda la investigación posterior.