La historia de la sodomía en Chile refleja cómo el derecho penal ha sido utilizado, durante siglos, para controlar la intimidad y la sexualidad humana. También muestra cómo la sociedad evoluciona, cómo la moral cambia y cómo la dignidad humana termina abriéndose camino incluso en los sistemas jurídicos más resistentes.
En Estudio Veragua creemos que el derecho debe servir para proteger, no sólo para perseguir. Por eso este recorrido histórico no sólo informa: también abre la puerta a quienes hoy buscan eliminar antecedentes derivados de una norma penal discriminatoria que ya no existe.
La Colonia: pecado, delito y castigo extremo
Desde el periodo colonial, la sodomía fue considerada un «pecado nefando», castigado tanto por la Corona como por la Iglesia. El derecho penal chileno estaba determinado por las leyes castellanas —como las Siete Partidas—, el derecho canónico y la teología moral escolástica.
Las penas eran atroces: la legislación colonial castigaba con la muerte en la hoguera y con la confiscación de bienes. La sodomía no sólo ofendía la moral: se consideraba una amenaza para la estabilidad política y espiritual de la sociedad.
1875: el Código Penal mantiene la criminalización
Con la entrada en vigencia del Código Penal en 1875, muchos esperaban que el país adoptara criterios más modernos. Sin embargo, Chile decidió mantener el delito de sodomía. El antiguo artículo 365 sancionaba con presidio menor en su grado medio al «reo de sodomía».
La ley no definió su contenido, pero la doctrina de la época era clara: se trataba del concúbito entre hombres, excluyendo relaciones heterosexuales y lésbicas de idéntica naturaleza, lo que sentó la base de su carácter discriminatorio por orientación sexual.
1999: despenalización de la sodomía consentida entre adultos
La Ley N° 19.617 marcó un antes y un después: por primera vez, la sodomía consensual entre varones adultos dejó de ser delito.
A pesar de ello, el artículo 365 dejó un residuo discriminatorio vigente hasta 2022: penalizaba el acceso carnal consentido entre hombres cuando uno de ellos era mayor de 14 y menor de 18 años. Esa figura se aplicaba exclusivamente a hombres homosexuales, ya que las mismas conductas entre heterosexuales o lesbianas resultaban atípicas.
Conviene precisar que la despenalización no supuso renuncia alguna a la protección penal de los menores: siguieron resguardados por la violación (arts. 361 y 362) y el estupro (art. 363), aplicables sin distinción de orientación sexual.
La batalla constitucional previa
En 2010 la Defensoría Penal Pública presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad (Rol N° 1683-2010). El TC lo rechazó, justificando su decisión en el principio del interés superior del menor, pese a que esa protección ya estaba garantizada por otras figuras penales.
Dos hechos posteriores debilitaron el fundamento de la norma: la Ley Zamudio (Ley N° 20.609, de 2012), que declaró discriminación arbitraria toda distinción basada en la orientación sexual; y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas (2012), que reconoció la orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación.
2022: la derogación definitiva del artículo 365
Durante la tramitación de la Ley N° 21.483, conocida como Ley Tamara, se presentó una indicación para derogar definitivamente el artículo 365. El Congreso aprobó la derogación: la norma fue promulgada el 18 de agosto de 2022 y publicada el 24 de agosto de 2022.
Ese día Chile eliminó el último resabio legal de discriminación por orientación sexual, garantizando la igualdad de trato penal para los actos sexuales consensuales sin importar el sexo de los participantes.
De la hoguera a la igualdad
La criminalización de la sodomía, iniciada en el período colonial con penas atroces, culminó en 2022. Su eliminación no sólo marca un avance jurídico: marca una reparación histórica. Hoy la dignidad humana prevalece sobre la moral punitiva, y se abre un camino para la reparación de quienes fueron víctimas de esa persecución.
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